Esa es la pregunta que se están haciendo hoy, como se hacían hace 30 años, durante el intento por ponerle fin a la larga guerra interna, en medio de los diálogos, el cese bilateral definitivo del fuego y hostilidades, y los acuerdos de paz, los campesinos y demás líderes políticos y sociales de Marcha Patriótica ante la brutal arremetida paramilitar, que en
connivencia con sectores institucionales y autoridades locales los vienen atacando, amenazando y asesinando en el más miserable estado de indefensión e impunidad. ¿Lo permitirá de nuevo la sociedad colombiana? ¿Permitirá que se frustre de nuevo el acuerdo para poner fin al conflicto armado? ¿No será capaz la sociedad colombiana, esta vez tampoco, de comprometerse en la construcción de una paz estable y duradera?
¿Por qué están asesinando a los voceros e integrantes de Marcha Patriótica en Colombia?
Desde que surgió el movimiento político y social Marcha Patriótica en el año 2012, con la propuesta de apoyar el diálogo como solución política al conflicto armado, han sido asesinados 123 de sus integrantes, según la Agencia de Prensa Rural, en un lento pero espantoso sacrificio que recuerda los años terribles del exterminio de aquella generación que el año 1985 (UP, Frente Popular y A Luchar) se comprometió con la paz, el diálogo y los acuerdos como solución al conflicto armado interno. ¿Y qué respuesta obtuvo? Lo mismo, muerte, exterminio, persecución, amenazas y cárcel.
La extrema derecha colombiana siempre ha temido tres cosas: que el pueblo colombiano alcance su madurez política y se comprometa desde las nuevas ciudadanías a asumir su rol como constituyente primario, desatando un cambio profundo y radical de la sociedad y sus instituciones; que pierda el miedo y le dispute desde otros escenarios distintos a los partidos tradicionales (como los nuevos movimientos sociales que hoy emergen con fuerza y por eso los exterminan) el poder político para abolir la profunda e histórica injusticia que ha reinado por décadas; y perder los privilegios exclusivos alrededor de la gran propiedad de la tierra y el capital, conquistados por medio de la guerra y el exterminio de quienes se han atrevido a desafiarle su hegemonía. Porque en Colombia hay mucha riqueza, pero no distribución de ella.
Si Marcha Patriótica con apenas 4 años de existencia, y que no ha logrado convertirse en un poderoso movimiento social y político debido a la estigmatización, persecución, amenazas, cárcel y asesinatos que han sufrido sus integrantes; es una amenaza para sus intereses, sus privilegios y la hegemonía que ejerce como clase la oligarquía; entonces eso quiere decir que el futuro es esperanzador, porque estamos convencidos que la bestia y su máquina de exterminio paramilitar no podrá contener este inconmensurable anhelo de paz y justicia social.
Los desesperados intentos de la extrema derecha dirigida hoy por el Centro Democrático, por destruir los nuevos acuerdos alcanzados tras más de un mes de difíciles discusiones y consensos con amplios sectores políticos y ciudadanos, tras la derrota del Sí en el plebiscito del 2 de octubre, ponen de manifiesto un difícil dilema: frenar la ofensiva criminal de los desesperados enemigos de la paz y de los acuerdos; o ceder ante sus envilecidos intereses. Dependiendo de cómo responda esta vez la mayoría ciudadana la grave amenaza, Colombia habrá sido capaz de cruzar con firmeza y decisión la oscura frontera de la muerte en que la han mantenido los apátridas enemigos de los acuerdos, única forma de avanzar hacia la construcción de una sociedad radicalmente democrática, la que aspira la mayoría excluida para vivir en paz con justicia social.
