El 2 de mayo del presente año, mediante la resolución 366 de 2017, la secretaría de movilidad de Medellín reglamentó el protocolo para bloquear vehículos mediante el uso de cepos.
Los cepos son mecanismos que se colocan en las llantas de los carros para impedir su movilidad. Tal como fue su abominable función en la historia para castigar a los esclavos rebeldes. Pero como se aprecia, no es cosa del pasado. Tampoco lo son los regímenes totalitarios.
Los nefastos dispositivos serán utilizados en los vehículos que, a consideración de esta secretaría, se encuentren mal parqueados. También se sellarán las cerraduras y los afectados deberán llamar a los funcionarios de tránsito para que les pongan el respectivo comparendo y desbloqueen el automotor.
No sólo por su nombre y desgraciado uso en la historia, el nombre y su práctica, son denigrantes como trato a los ciudadanos que así se les hace ver como delincuentes. Faltaría incluir la manilla electrónica para seguir a los peligrosos infractores. Otro debería ser el enfoque de los gobernantes.
Una administración pública no debe sobresalir por su trato represivo, bajo y despectivo de sus ciudadanos. Esta condición constitucional que le garantiza plenos derechos a las personas en una nación, debe ser respetada. No se puede dirigir el odio contra la población y considerarlos enemigos de la sana convivencia. No es casual el repudio de la actual alcaldía a las leyes de paz.
Lejos está de la presente administración municipal, la valoración y la educación ciudadana y el respeto que se merecen los pobladores; más en una ciudad en la cual la ilegalidad acosa a las personas y a lo que se no se le ofrece una solución convincente ni acciones contundentes que hagan confiable, segura y vivible la región. Pero es más fácil perseguir a desprevenidos ciudadanos y aplicarles ejemplarizantes medidas punitivas. Además que con estas determinaciones de seguro se verán beneficiados algunos particulares que harán el negocio muy jugoso.
La ciudadanía debe entender que una administración pública no puede reglamentar cómo y lo que le dé la gana. Es de esperar que la población rechace tales medidas y las haga derogar con acciones conjuntas. Y que se ponga atención en las ideas que guían a las personas que son elegidas, quienes deberían tener como función: proteger a los pobladores y garantizarles una vida agradable, segura y en paz en el municipio.
Junio 13 de 2017
