Todos los hechos del caso de Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial del neofascista centro democrático tienen la marca de un atentado proveniente de sectores de la ultraderecha neonazi golpista perpetrada por un sicario de 14 años, con el que buscan desestabilizar, crear caos y miedo, y de paso responsabilizar al gobierno del presidente Petro.

Hacer creer que el gobierno no tiene control de la seguridad y justificar el discurso de la seguridad y las salidas de fuerza a partir de este atentado pone al descubierto de dónde salen estado acciones violentas; a sabiendas que el responsable de la seguridad de Bogotá es el alcalde Galán, quien recientemente estigmatizo al presidente de la Cut por llamar a la movilización social.

El gobierno ha dado las garantías a la oposición, en especial al ultraderechista Centro democrático que ha realizado manifestaciones y planes de golpe de estado contra el gobierno.

Se monta este atentado contra un precandidato presidencial del centro democrático buscando culpar al gobierno y caotizar el campo político.

Justo ahora que el constituyente primario reclama decidir a través de la democracia participativa y directa en la Consulta popular, se presenta este atentado político.

El consejo de seguridad que se ha realizado es una clara demostración que el gobierno actúa en el marco constitucional y legal para garantizar a los ciudadanos y a los precandidatos presidenciales que se tomarán todas las medidas necesarias para evitar los hechos de violencia y que serán castigados los autores materiales, intelectuales y los determinadores de este atentado político.

Justamente antes del anuncio de la firma del decreto de convocatoria de la consulta popular, el miércoles 11 de junio, en un evento público en el parque de las banderas de Cali, se monta y ejecuta este acto criminal con fines políticos, que ha concitado el rechazo del gobierno y de los sectores políticos de todo el espectro político. Incluido el Pacto Histórico.

Ya en alocuciones anteriores el presidente Petro había denunciado los frustrados atentados contra él por parte de sectores del paramilitarismo y el narcotráfico (Junta del narcotráfico de Dubái), en una red criminal con apoyo de sectores reaccionarios de los Estados Unidos.

La guerra jurídica y los planes en curso para tumbar el presidente Petro mediante golpe de Estado.
Todo parece indicar que este atentado ha sido planeado y llevado a cabo con precisión y ejecutando un plan preconcebido que busca generar un ambiente político desestabilizador y de pánico; un atentado que busca detonar una matriz mediática de pánico para acusar al gobierno del cambio de falta de garantías para la oposición del Centro democrático en medio de un año electoral.

No es casual que el precandidato presidencial sea miembro del partido del Centro democrático y que sea un sicario de 14 años el autor material que actúa con información precisa de cuando disparar y huye a pie sin que se registre en el vídeo, respuesta del esquema de seguridad del pre-candidato presidencial.

El atentado es una falla del esquema de seguridad y todos deben ser investigados para encontrar si hubo complicidad o facilitación del atentado.
Las fuerzas de inteligencia deben garantizar la transparencia del Estado y del gobierno en este hecho criminal de intento de homicidio del pre-candidato presidencial, al igual que proteger al menor que fue capturado y señalado como posible autor material del atentado.

Los autores intelectuales y los determinadores deben ser identificados y castigados.

Todos los políticos de los partidos de la derecha han salido a dar declaraciones insinuando que estamos regresando a épocas de violencia política anteriores, supuestamente alimentados por el discurso presidencial, desconociendo el rechazo del gobierno del presidente Petro y acusando a los medios públicos de comunicación, según ellos, de silencio frente al atentado y de ocultar la noticia.

Falso que los medios públicos no estén denunciando el atentado y analizando las repercusiones, las hipótesis y posibles autores de este atentado que busca crear un ambiente de tensión política para vender de nuevo el lenguaje de la seguridad democrática,  señalando al gobierno como responsable, cuando todo apunta a un hecho terrorista fabricado para polarizar  la opinión pública,  atizar el odio, utilizar el dolor de la tragedia para manipular emocionalmente y justificar llamamientos a la violencia.

Instrumentalizar el atentado político para acusar al gobierno es una canallada contra el dolor de la víctima y su familia, buscando desviar la investigación.
En vez de llamar a la cordura y la reconciliación, los medios corporativos de la oligarquía buscan generar dudas sobre el gobierno e intentan, en vano, debilitar el apoyo popular al presidente.

Un atentado fabricado antes de la firma del decreto presidencial que convoca al pueblo a decidir a través de la consulta popular es un hilo que no podemos perder de vista en el análisis correspondiente.

Este tipo de atentados han sido utilizados dentro de sus planes, en anteriores ocasiones, por los sectores de ultraderecha que buscan impedir que el pueblo decida en las urnas o generar situaciones de facto que siembre zozobra e inseguridad.

El gobierno del presidente Petro está ofreciendo $3 mil millones por quienes den información para esclarecer este atentado contra la democracia y la paz.

Las provocaciones ya habían sido anunciadas y difundidas profusamente por los denominados " camisas blancas" o "gente de bien" que hacen llamados a la violencia, acusan al presidente Petro de dictador y de no cumplir con la constitución y la ley; que han dicho que no van a permitir que este gobierno continúe porque según ellos atenta contra la democracia y que no va a permitir que se repita un estallido social.

El movimiento obrero y popular que impulsa la movilización pacífica por la consulta popular es víctima de las demandas penales de la derecha para impedir que levanten su voz y judicializar la protesta social.
Sin embargo, no hay otro presidente como Petro que haya demostrado no solo la defensa de la Constitución Política de Colombia y la ley sino de su aplicación, de respeto a la división de poderes y los contrapesos democráticos.
La oposición uribista ha tenido todas las garantías de movilización contra el gobierno del cambio y nadie ha sido reprimido ni perseguido; el gobierno ha respetado sus acciones políticas.

Frente a la clara fabricación del atentado político a un precandidato presidencial de la derecha, en medio de una aguda confrontación de clases,  entre las fuerzas reaccionarias anti cambio y las fuerzas de la vida y del cambio, la respuesta ha sido rechazar la provocación terrorista y responder con la lucha política pacífica, de masas, contundente y organizada como las movilizaciones del paro nacional del 28 y 29 de mayo que organizaron las centrales obreras y el movimiento social y popular, que han sido ejemplo por el orden, el colorido , la alegría y la ausencia de disturbios o acciones violentas.

Este atentado contra Miguel Uribe Turbay solo beneficia a los sectores golpistas, que combinan las acciones de guerra jurídica, las acciones legales con las  ilegales,  para crear situaciones que justifiquen el golpe de Estado.

Por eso el gobierno y el movimiento político y social rechazan estas prácticas asociadas a grupos violentos paramilitares y del narcotráfico.

Los atentados terroristas usados como cortinas de humo para ocultar la noticia de la masacre en Méjico, con participación de sectores retirados y activos de la fuerza pública colombiana, en un acto de mercenarismo ligado a los carteles internacionales de las drogas ilícitas, han escogido como objetivo militar al presidente Petro.

Sea cual fuere y provenga de donde provenga esta provocación terrorista hay que condenarla y encontrar a los responsables, autores materiales e intelectuales y castigarlos.

Hasta el momento la fuerza pública -militares y policía, han demostrado su apoyo al presidente de la República pero no faltan las voces de los sectores de la derecha que invitan a la subversión, a que éstas fuerzas abandonen su camino civilista y de apego a la constitución política de Colombia, de subordinación al presidente como jefe máximo de las fuerzas armadas y de policía.

El Estado y el gobierno llevarán a cabo la investigación que permita esclarecer de forma transparente y contundente esta acción terrorista dirigida a crear un ambiente de desestabilización del país y de su gobierno.

El gobierno de la vida es un gobierno para todos los colombianos como seres humanos independientemente de las diferencias políticas e ideológicas.

La política debe separarse del uso violento de las armas y el uso del dolor de la familia, de la víctima para atacar la figura del presidente y su gobierno.

El monopolio de las armas debe estar en manos del Estado y del gobierno.

El movimiento político y social del proceso de poder constituyente de la Consulta popular debe continuar con su movilización creciente y permanente, pacífica y contundente, rodeando la firma del decreto presidencial de convocatoria de la consulta popular el 11 de junio en Cali, en un evento masivo, de respaldo al presidente, a su gobierno del cambio y de rechazo a este atentado político criminal. Nos vemos el 11 de junio en el Parque de las Banderas de Cali a partir de las dos de la tarde.

Habrá una concentración política y pacífica allí que será alimentada por las caravanas del suroccidente, del Cauca, Nariño, Valle y el Eje cafetero.

Habrá intervenciones artísticas y culturales y el discurso presidencial y la firma del decreto que fija la fecha de realización de la consulta popular con las 12 preguntas laborales.

Coordinadora Social Constituyente de Nariño.